Historia

Durante sus primeros años de existencia, la corte suprema y la corte de apelaciones de Santiago ocuparon diversos edificios respecto de los cuales, en muchos casos, no tuvieron el uso exclusivo o privativo, debiendo compartirlos con otras instituciones públicas.

La construcción de un nuevo edificio para el funcionamiento de los tribunales de justicia de Santiago fue impulsada por el gobierno del presidente Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901). Para su edificación se estimó una inversión de 1.000.000 de pesos de la época, llamándose a concurso el 24 de marzo de 1900.

El diseño del proyecto correspondió al arquitecto francés Emilio Doyére, quien además dirigió técnicamente la obra, elaboró los planos y presupuestos, y redactó las especificaciones, siendo asistido por su alumno y discípulo chileno Alberto Schade.

Los primeros proyectistas del edificio, en el siglo XIX, fueron Manuel Aldunate, Fermín Vivaceta y José Tomás Gandarillas.

El palacio fue construido por la Inspección de Arquitectura del Ministerio de Industrias y Obras Públicas, en el marco del Centenario de Chile, en dos etapas: de 1905 a 1911, y de 1928 a 1930. En la primera etapa se edificó el ala o sector poniente del inmueble y su acceso principal; mientras, en la segunda etapa se construyó el sector o ala oriente del inmueble, culminándose con ello su edificación.

Entre 1905 y 1906, es decir, a fines del gobierno del presidente Germán Riesco, se efectuaron las labores de demolición, limpieza y cierre del sitio, y desde 1907 a 1911 la construcción ropiamente tal de la primera ala del edificio, que fue inaugurada oficialmente en 1914, bajo la presidencia de Ramón Barros Luco.

Para la segunda etapa de construcción se debió demoler el antiguo edificio del Tribunal del Consulado (de 1807), que hasta entonces era ocupado por la Biblioteca Nacional de Chile, y del cual sólo se conserva una reja y placa conmemorativa. De acuerdo a los diarios de la época, el edificio fue completamente ocupado hacia fines de 1931, ejecutándose los últimos trabajos para su conclusión en 1936.

En 1976 fue declarado "Monumento Histórico Nacional" por el Ministerio de Educación, mediante el Decreto Nº 583 de 28 de junio del mismo año.

A consecuencia del terremoto de 1985, el palacio sufrió algunos daños, siendo objeto de reparaciones menores.

En julio de 2002, por motivos de seguridad, la Corte Suprema decidió instalar un detector de metales en la entrada del edificio; y desde 2003 el palacio ha abierto sus puertas para las actividades del Día del Patrimonio Cultural.

En diciembre de 2005 el palacio fue traspasado desde el Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.